INICIAN HUELGA SECA! Presos mapuche de Angol radicalizan huelga a 100 días de su inicio.

Este miércoles 10 de marzo, al cumplirse 100 días desde que Patricio Lican, Juan Lican y Felipe Espinoza iniciaran una Huelga de Hambre para exigir un debido proceso, han tomado la desición de radicalizar la medida, derivándola a una HUELGA DE HAMBRE SECA.

La huelga seca consiste en dejar de consumir líquidos, lo que en este caso, sumado al deterioro corporal provocado por los 100 días sin alimentación, puede llegar a ser fatal en pocos días.

Cabe recordar que los tres comuneros están exigiendo que se les respete su derecho a un juicio justo sin racismo de por medio, esto considerando la falta de pruebas contundentes en su proceso y la incongruencia en la acusación de homicidio a Felipe Espinoza, quien por problemas físicos está imposibilitado de percutar cualquier arma.

El día martes los huelguistas fueron visitados por el INDH, para constatar su estado de salud. Una salud que empeora a diario luego de que en el mes de febrero, se le negara acceso a un Machi para tratarles. La corte de Apelaciones de Temuco ordenó el día 25 de febrero a Gendarmería que permitiera el ingreso de la autoridad ancestral, sin embargo esto aún no se concreta.

Hoy a 100 días de huelga de hambre e iniciando una de carácter seco, los tres mapuche, presos en la cárcel de Angol, están al borde de perder la vida bajo un silencio cómplice y la inacción social ante la violencia institucional y racista.

A continuación compartimos comunicado público de Juan Lican, Patricio Lican y Felipe Espinoza realizado el día 99 de huelga de hambre.

Comunicado Público

Nosotros, los 3 comuneros que llevamos 99 días de huelga de hambre desde la cárcel de Angol, le queremos comunicar al pueblo Nación mapuche y a la comunidad Chilena e Internacional lo siguiente:

Ante la insensibilidad y oídos sordos de las autoridades políticas y judiciales de este país, respecto a nuestras peticiones. Anunciamos que vamos a recrudecer nuestra medida para ser escuchados y que iniciaremos una huelga de hambre seca a contar de las 8 de la mañana del día 10 de marzo con el único fin de que se acoja nuestro petitorio que es el siguiente:

1.- Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo.

2.- Que se respete nuestro derecho como mapuche a ser considerados comuneros, independiente del módulo donde estemos recluidos, respetando nuestra cultura, otorgándonos los derechos que nos reconoce la Ley y los tratados internacionales en cuanto a visitas y las cosas y alimentos que nos pueden hacer llegar nuestros familiares. Que se respete nuestra cultura y prácticas médicas, dejando que nos visite nuestro machi.

3.- De acuerdo al primer punto del juicio justo, que se nos permita mantener el principio de la presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario, por lo que se nos debe permitir cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar hasta el juicio oral.

4.- Que se nos permita probar que las acusaciones del fiscal Vásquez están basadas en suposiciones y prejuicios, el juez debe dar valor a los informes que justifican nuestros argumentos, por ejemplo informes de la doctora sobre la incapacidad de Felipe Espinoza.

5.- Pedimos que un organismo independiente como el Colegio Médico sea nuestro garante para hacer de mediador.

Esperando que estas peticiones lleguen a todos los oídos receptivos de nuestro pueblo mapuche y del pueblo Chileno solidario.

Atte.
Patricio Lican Manquel
Juan Lican Manquel
Felipe Espinoza H.
9 de marzo del 2021, cárcel de Angol.

TRABAJADOR DENUNCIA QUE CARABINEROS ARROJÓ CUERPO A LAS AFUERAS DEL SML DE CALAMA

Por: La Zarzamora

Este martes 9 de febrero, un nuevo hecho que involucra a Carabineros de $hile removió a Calama, cuando un trabajador del Servicio Médico Legal realizó un llamado a la PDI, denunciando que un carro de Carabineros habría lanzado un cuerpo a las afueras de las dependencias del SML de la ciudad.

La víctima identificada como Jaime Veizaga Sánchez de nacionalidad boliviana, aún se encontraba con vida cuando llegó la PDI, sin embargo falleció en el lugar mientras llamaban a una ambulancia.

Ante los hechos el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Calama la detención de los pacos identificados como: cabo segundo Navarro Pulgar e Ilton Zambrano Marín, ambos de la 1a Comisaría de Calama, quienes iban juntos en un retén móvil.

La investigación a cargo del fiscal Raúl Marabolí, quedó en calidad de reservada.

Este repudiable hecho se suma a la seguidilla de abusos de poder y terrorismo policial que involucran a la deslegitimada institución de Carabineros de $hile, hechos que mantienen en movilización a todo el territorio.-

PRESO MAPUCHE FELIPE ESPINOZA: “TODO EMPEZÓ CONMIGO”. Relato de un montaje desde la cárcel de Angol.

Por: Felipe Espinoza, preso mapuche en cárcel de Angol a 65 días del inicio de la Huelga de Hambre.

Todo empezó conmigo, mi nombre es Felipe Espinoza y tengo 22 años. En noviembre del 2019 conversé con una persona y quedamos de acuerdo en hacer un trance de marihuana, del cual sólo sería el contacto intermediario, yo no niego que si lo iba hacer, pero también es cierto que nunca llegué a reunirme con la víctima, ya que nunca tuve contacto directo con él, sólo a través de los mensajes por los que nos pusimos de acuerdo.

Llego el día acordado donde nos íbamos a juntar, pero yo escuché dos balazos y me devolví hasta una garita o paradero, no supe más de esa persona, y yo no no lo mate como afirma el Fiscal y su testigo, dicen que le disparé y todo es mentira.

El fiscal hizo una investigación que está mal hecha y llena de montajes, ya que me viene involucrando en otros delitos, como tráfico, porte de armas de fuego y busca vincularme a un delito de robo con intimidación, sólo para hacernos aparecer cómo peligrosos ante la sociedad, ya que sobre ese delito no se sabe que pruebas tiene en mi contra, pruebas que no hemos podido ver hasta el día de
hoy.

El día que allanaron el domicilio en que yo me encontraba con mi padrastro y mi familia, sólo encontraron 8 plantas en la casa dónde vivíamos, no hallaron ningún arma, ni droga procesada para que digan que es tráfico.

Ya estamos por cumplir un año de imputados, y llegó recién la acusación pidiendo 31 años para mí, Felipe Espinoza, por robo con homicidio, dicen que la prueba que tienen son dos testigos y los mensajes en los cuales yo me ponía de acuerdo con la víctima, cosa que yo no niego, pero como dije antes nunca llegue a reunirme con ellos, y por lo mismo yo no lo mate, los testigos que según me vieron disparando, están mintiendo.

Por lo mismo yo accedí a que viniera una doctora especialista en armas para que ella se dé cuenta de lo que digo, así demostrar que la acusación del fiscal y sus testigos son falsos, dicen que yo disparé, pero yo no puedo disparar una escopeta, apuntar y forcejear como dicen ellos, por una discapacidad que tengo, hay papeles informes médicos que la acreditan.

Documento de examen médico sobre limitaciones motoras en brazos de Felipe Espinoza.

Respecto al tráfico a mí no me encontraron nada, sólo dónde yo estaba habían 8 plantas de
marihuana que eran de mi padrastro, es decir Juan Lican; desde el principio reconoció las 8 plantas, aclarando que eran para consumo medicinal personal de él y hay exámenes médicos que prueban que él es consumidor medicinal.

Insisto en que armas no encontraron, entonces ¿cuál es el porte que existe según el fiscal?. Para ser acusados del delito de porte de armas tendrían que haber pillado armas, un arma en nuestra casa o usándola.

A Juan Lican lo quieren condenar a 7 años por tráfico, teniendo como pruebas las 8 plantas de marihuana que encontraron ese día, siendo que él las reconoce como auto cultivo y tiene exámenes médicos que demuestra que él es un consumidor medicinal.

Primero en la acusación aparecía yo Felipe y Juan como los autores del homicidio, ahora el fiscal sacó a Juan del cargo de homicidio, pero lo quiere dejar por tráfico, a Patricio lo acusan de encubridor, porte de armas y cartuchos (por una escopeta que tenía en su casa y que no tiene ninguna relación con el caso) e igualmente de tráfico de drogas y la pena solicitada para él sería de 23 años, por encubrirme y esconderme en el campo, cosa que también es mentira, nunca anduve escondido, porque estaba firmando por una causa que tuve por problemas con unos primos, sacando de contexto y falseando supuestos mensajes pidiendo apoyo por si venía la policía al campo, haciendo ver cómo que Patricio me protegía.

Hay una información que el fiscal puso en duda sólo porque cometí el error de ocultar esa información y asumo ese error, pero por ese error no pueden condenarme, porque no es grave, ni existen pruebas la participación de ninguno de nosotros en los delitos que se nos acusan.

Yo Felipe accedí a que me llevaran y a decir dónde estaba, no cómo dice la
PDI que inventó un trayecto y una dinámica falsa, esto se prestó para el montaje haciendo aparecer las llamadas a su conveniencia y a pesar de eso, ninguna llamada ni mensaje dice o hace referencia de haber cometido el supuesto homicidio del que nos acusan.

¿Dónde están las otras pruebas? Cómo pólvora, especies robadas, sangre o algo que de verdad sea una prueba que diga que es una mentira todo lo que decimos nosotros.

Por toda esta injusticia y falsas acusaciones en nuestra contra, es que comenzamos nuestra huelga de hambre, que cumple 65 días, para demostrar que el fiscal no hace su trabajo cómo se debe y que la PDI se presta para montajes hacía las personas que vienen de una comunidad Mapuche, para condenarlos a una gran cantidad de años, arman montajes, acusaciones falsas, suponiendo cosas y actuando de forma racista hacía el pueblo mapuche.

Firman
Patricio Lican Manquel
Juan Lican Manquel
Felipe Espinoza Hernández
Presos Mapuches cárcel de Angol en Huelga de hambre hace 65 días.

Presos mapuche de Angol cumplen 54 días en HUELGA DE HAMBRE, bajo el silencio de las autoridades

El pasado 30 de noviembre del 2020, tres presos de la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre para denunciar irregularidades de sesgo racista en sus procesos jurídicos. Se trata de Juan Licán, Patricio Lican y Felipe Espinoza, quienes llevan más de 50 días bajo esta medida para exigir que se les realice un DEBIDO PROCESO al cual todas las personas deberían acceder en caso de ser judicializadas.

Todo comenzó en Marzo del año 2020, cuando los tres comuneros fueron detenidos tras ser acusados de homicidio, robo y tráfico de marihuana. Este hecho ocurrió noviembre del 2019, sin embargo no existen pruebas de que los tres privados de libertad sean los ejecutores de estos hechos.

Desde entonces se encuentran recluidos en la cárcel de Angol, imputados por los delitos de robo con homicidio (Felipe Espinoza), Pre autor de robo con homicidio (Juan Licán) y encubridor (Patricio Licán), lugar en donde siguen insistiendo en su inocencia y denunciando el racismo existente en el proceso.

Uno de los presos movilizados en el día 53 de huelga de hambre.

Cabe mencionar que este proceso, liderado por el fiscal Enrique Vásquez no cuenta con ningún testigo presencial del hecho, siendo los atestiguantes en su mayoría funcionarios de Carabineros de Chile como de la PDI.

Los tres comuneros continuarán con la medida “hasta que el Fiscal investigue a los verdaderos autores del delito y deje de basarse en suposiciones e inventos”.


A continuación compartimos comunicado público de los huelguistas y posteriormente el de Felipe Espinoza.

COMUNICADO PÚBLICO A 53 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE.

Jueves 21 de enero 2021

Hoy jueves 21 de enero a las 20:00 pm, llevaron a uno de los 3 presos en huelga de hambre a enfermería, debido a que se sentía con fuertes malestares, que consistían en dolor de cabeza, dolor estomacal, mareos y náuseas.

Esto debido a los días que llevan en huelga de hambre que ya son 53. La debilidad ya es no notable.

¿Qué están esperando? ¿Qué esto sea más grave?. Estamos dando la vida para demostrar nuestra inocencia.

Juan Licán, Patricio Licán y Felipe Espinoza.


COMUNICADO PÚBLICO DE FELIPE ESPINOZA

A la opinión pública:

Yo Felipe Espinoza, principal sospechoso del robo con homicidio del que se me acusa quiero hacer públicas unas pruebas que tengo a mi favor y que el fiscal no las quiere reconocer como válidas.

Un día se presentó mi abogado representante de la corporación con una Doctora especializada en armas en donde me hicieron pruebas para analizar mi caso, en donde ella misma se dió cuenta de que yo no puedo disparar una escopeta como aseguran los testigos, que dicen que yo la tomaba de forma extraña del lado derecho y apuntaba cosa que no puedo hacer, debido a la dificultad que tengo en mi brazo derecho y en mi mano por lo que no puedo mover los dedos para apretar un gatillo o empuñadura de una escopeta de ese calibre, los que saben de armas se darán cuenta lo que les digo .

Teniendo papeles médicos y de especialistas que hablan a mi favor, aún así el fiscal quiere dejarme preso con años de cárcel a su modo, a su falta de ética y de moral a su profesión, faltando a otras profesiones donde se deja ver solo su opinión del caso. Se deja llevar sólo por unas llamadas que ni siquiera nos involucran a nosotros, y no son prueba suficientes ya que ninguno de nosotros estaba en el sitio exacto de las llamadas. Los de la PDI llevan el registro de todo y le aparecen solo llamadas a su favor pero no aparecen las que realmente fueron realizadas por nosotros mismos y los demás involucrados.

Ya llevamos 53 días de huelga líquida y nos llegó la acusación del fiscal y los años que nos condenarían a cada uno, sin pruebas. Nos da los años que el quizo a su modo, y nosotros solo tenemos que aceptar y pagar por algo que no hicimos.

Seguiremos en huelga hasta que se haga justicia como corresponde y no como supone el fiscal que por venir de una comunidad o zona de conflicto nos cataloga como gente mala .

¿Dónde está su ética y moral señor fiscal nos quiere hacer asumir algo que no nos corresponde y sin pruebas ni hechos que nos indiquen culpables?

Sólo se falta el respeto ud. mismo dejándose llevar por unos falsos testigos y supuestas llamadas….

Felipe Espinoza

Crisis en cárcel de Angol: Presa se encuentra grave tras quemarse a lo bonzo durante protestas por brote de covid 19

El pasado viernes 4 de diciembre, se dió a conocer un lamentable hecho ocurrido dentro de la cárcel de Angol, la privada de libertad Catalina Becerra Ganga había sido derivada de gravedad al Hospital Base de Angol, donde se mantiene aún en riesgo vital, tras intentar inmolarse en protesta ante la aguda crisis sanitaria que vive el recinto. Otro privado de libertad tomó la misma desición, sin embargo logró sobrevivir sin secuelas graves a diferencia de Catalina.

Estas acciones se enmarcan en una serie de protestas que han iniciado presas y presos de esta cárcel, en respuesta a las negligentes medidas que ha tomado Gendarmería para enfrentar la pandemia, hecho que quedó en evidencia con un brote masivo de covid 19, que habría sido generado por la falta de higiene sanitario, y la libre circulación del personal de la cuestionada institución.

Ante la alarmante situación 240 privadas y privados de libertad, comuneros mapuche y presos sociales, recluidos en los módulos A,B,C y D de este penal, han iniciado una HUELGA DE HAMBRE de carácter indefinido, expresando que mantendrán esta medida: “Hasta que venga el Ministerio de Salud y las autoridades de Derechos Humanos, ya que es la única manera de hacer presión”

Desde el encierro, los y las privadas de libertad advirtieron:

Al rededor de 240 reclusos se unen a una huelga de hambre en forma de protesta, ya que Gendarmería no utiliza guantes, ni mascarillas, en ocasiones allanan las cosas con las manos y sin mascarilla y en realidad ellos son los que ingresaron el virus al penal. Hay leyes y tienen que ser aplicadas, aquí hay responsables inconscientes de parte de gendarmería de Angol.

Internos CDP Angol

Así mismo, denuncian que Gendarmería ha incurrido en tratos vejatorios y abuso de poder contra la población penal, acusación que quedó en evidencia tras masificarse un video en el cual un privado de libertad muestra marcas de golpes en su cuerpo. De la misma manera los presos expresaron que Catalina Becerra, habría sido golpeada por carceleros al momento de su extrema protesta.

En contacto con La Zarzamora las privadas y privados de libertad del penal comunicaron que se mantiene la inexistencia de protocolos y medidas concretas ante los contagios, encontrandose hasta el momento dentro del penal sin ningún tipo de separación entre personas covid positivo y quienes se mantienen sin el virus.

Desde la cárcel hacen un llamado a que se hagan presentes los abogados del INDH y que se generen sanciones a los gendarmes que han violentado a la población penal y a quienes irresponsablemente ingresaron el virus al recinto.

Proximamente estaremos ampliando información respecto al estado de salud de Catalina Becerra.-

Operación Colombo| Fallo judicial absuelve a 60 criminales de lesa humanidad y 42 condenados quedan en libertad vigilada.

La Operación Colombo fue una operación coordinada entre los aparatos represivos de las dictadura del continente, que intentó justificar mediante el montaje y manipulación de los medios hegemónicos de comunicación, el secuestró, la ejecución y desaparición de al menos 119 personas, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El findesemana como escandaloso resabio de impunidad de los pactos de silencio e impunidad de la dictadura de Pinochet, la octava sala del tribunal de alzada de Santiago decidió  absolver a 30 agentes de la DINA condenados como cómplices y a otros 31 condenados como autores del secuestro de 16 militantes de izquierda, ejecutados por agentes de la DINA entre los años 1974 y 1975.

Además, tras la condena de 42 ex agentes, incluidos Krasnoff e Iturriaga Neumann, el tribunal de alzada determinó que ninguno de ellos deberá cumplir pena cárcel.

A continuación compartimos declaración de María Guadalupe e Inés Díaz Tapia, Familiares de ISIDRO PIZARRO MENICONI y amigas de IDA VERA ALMARZA.

María Olimpia Bueno, Luisa y Clara Cortez, Verónica Martínez, y Juana González: Familiares De Presos Políticos Detenidos desaparecidos en Chile, residentes en Suecia.

Fallo Judicial de Juan Cristóbal Mera Muñoz, Mireya Eugenia López Miranda y Jaime Guerrero Pavéz (no firmante). Corte de Apelaciones de Santiago, 8ª Sala,27/11/2020.

“Operación Colombo/Francisco Aedo Carrasco y otros”, ROL 2182-98:  VERDAD SIN JUSTICIA para 16 jóvenes, detenidos (as), secuestrados (as) y desaparecidos (as) hasta el día de hoy, por la DINA entre el 17/06/1974 y el 06/01/1975. Ellos Son:

1. Francisco Aedo Carrasco,

2. Jorge Andrónicos Antequera

3. Juan Andrónicos Antequera

4. Jaime Buzio Lorca

5. Mario Calderón Tapia

6. Cecilia Castro Salvadores

7. Rodolfo Espejo Gómez

8. Agustín Fioraso Chau

9. Gregorio Gaete Farías

10. Mauricio Jorquera Encina

11. Isidro Pizarro Meniconi

12. Marcos Quiñones Lembach

13. Sergio Reyes Navarrete

14. Aída Vera Almarza

15. Juan Carlos Rodríguez Araya

16. Jilberto Urbina Chamarro

Forman parte de la lista de 119 militantes del MIR (en su mayoría) que hizo desaparecer la DINA Chilena el 25/06/1975, en el mayor montaje realizado por Pinochet, apoyados por la prensa chilena, la inteligencia de estado argentino (SIDE) y grupos de extrema derecha argentino- brasileños. Fue conocida como “Operación Colombo”, y llevada a cabo a partir de 2 publicaciones de única circulación: el Diario “O Dia”, Curitiba-Brasil (25/06/1975) y algunos días después la revista “Lea” de Buenos Aires.  El 24/07/1975, “La Segunda” en Chile publica en primera página…”Gigantesto operativo militar en Argentina: exterminan como ratas a miristas”…

La operación de exterminio estuvo a cargo del ex jefe de operaciones clandestina y departamento exterior de la DINA, general RAUL ITURRIAGA NEUMANN, a quien en el actual fallo se condena por “Secuestro Calificado a cuatro años de presidio mayor en su grado mínimo y sustitución por libertad Vigilada por 4 años”.

Hoy, nos encontramos nuevamente con las mismas prácticas de silenciar, reprimir, torturar y castigar arbitrariamente a jóvenes, adultos(as) mayores y niños(as); judicializando y criminalizando el movimiento social que  exige el fin de los abusos, una sociedad inclusiva y digna  para todos los chilenos(as).

¡¡A NO PERMITIR QUE NUESTROS PRESOS(AS) DE LA REVUELTA SEAN PROCESADOS POR CÓMPLICES DE LA IMPUNIDAD Y EL PACTO DE SILENCIO!! 

A DESBARATAR EL MONTAJE ACTUAL, EXIGIR LIBERTAD Y GARANTÍA DE JUICIO AJUSTADO A DERECHO, EN SU CALIDAD DE PRESOS POLITICOS.

Foto portada, museo de la memoria y los derechos humanos.

Arica| Comunicado de víctimas de violaciones a derechos humanos durante revuelta social.

Como víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del estado en el contexto de la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, siendo detenidos irregularmente y torturados con violencia sexual, declaramos lo siguiente:

-Denunciamos la falta de humanidad del Ministerio Público al realizar un proceso lento y distante, ordenando realizar constatación de lesiones y pericias psicológicas, determinadas por el Protocolo de Estambul*, un año después de ocurridos los hechos.

-Denunciamos la falta de respeto del Poder Judicial, que a últimas horas del viernes 27 de noviembre informó que la audiencia de formalización de la investigación que se realizaría hoy se postergó para el 28 de abril de 2021, en donde se informaría a la cabo segundo Francisca Benavides Vera, que sería investigada por vejámenes y no por tortura, que fue lo que hizo con nosotras.

-Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han minimizado los hechos al verlos como aislados y no como una metodología de Carabineros que se ha replicado en todo el país.

-Denunciamos el trato discriminatorio del poder judicial, al no incluir en la investigación a nuestro compañero y colega Alfredo Sanhueza como víctima de hechos de tortura, solo por el hecho de ser hombre, sin embargo, con él también se infringió el protocolo de Carabineros, el cual indica que la revisión debe ser superficial.

-Denunciamos a la institución de Carabineros de mal uso de instrumento público, al coludirse para mentir en el sumario administrativo que se realizó por nuestra detención.

-Poder Judicial debe tomar en cuenta estos antecedentes y perseguir no solo a la cabo 2da Francisca Benavides, sino que también al resto de personal de carabineros que utilizó su poder para maltratar a periodistas y también para mentir sobre el proceso de detención. El Suboficial Wolfang Meyer Alvial y el Cabo 1ro. Jefferson Valenzuela, quienes nos detuvieron con malos tratos y mintieron en el sumario, el Sargento. 1ero Cristian Medina Morales y cabo 2do David Marín Gálvez, quienes de civil también fueron violentos y denostaron nuestra profesión durante la detención; la capitán Pamela Ormeño por declarar ante la prensa que el procedimiento fue normal; el cabo 1ero Luis Vergara Vergara y al Cabo 2do Carlos Valenzuela Manríquez, al mentir en el sumario diciendo que tenían objetos ocultos; al Capitán Cristian Diaz Montecinos, fiscal de carabineros, quien al tomar las declaraciones para sumario, normalizó los desnudamientos en estos procedimientos. Todos ellos siguen trabajando en total impunidad y sin ninguna represalia administrativa.

-Denunciamos terrorismo de estado por parte del gobierno de Sebastián Piñera, ya que a través de sus secuaces políticos y la represión de las policías, ha infringido el temor en la población con declaraciones de impunidad, minimizando el dolor de las víctimas, no haciéndose cargo de los miles de personas heridas, torturadas, a los presos e incluso fallecidas por parte de agentes del Estado al participar en manifestaciones que buscan cambiar las desigualdades del país.

-Llegaremos hasta las últimas consecuencias para buscar justicia y para que quienes han infringido el temor de manera sistemática dejen de vivir en impunidad en el país.

-Por último, instamos a las demás víctimas de derechos humanos durante el Estallido Social a organizarnos para velar por un proceso judicial digno, que cumplan con los estándares necesarios para nuestro proceso de sanación y de búsqueda de justicia.

*Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Estefani Carrasco

Alfredo Sanhueza

Patricia Torres

Arica, 30 de noviembre de 2020

¿Otro pacto de silencio?: “LO DE XIMENA FUE FEMICIDIO”

Por Victoria Aldunate Morales*

La violencia machista, habitual, si bien no fue denunciada por la víctima, sucedió en la cotidianidad, a vista y paciencia, de diversas autoridades de un recinto protegido de las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas, en la Base Aérea “Cerro Moreno” de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

¿Hubo connivencia con el agresor? Distinguimos –al menos- silencio con ribetes de pacto entre instituciones. Como en el caso de Macarena Valdés Muñoz, la muerte de Ximena Cortés Rojas, fue caratulada como “suicidio”.

James Díaz Portus, ex Sargento 2º de la FACH, fue un esposo (ahora viudo) que agredió a Ximena Cortés Rojas por años. Pocos meses después de los hechos de violencia que la llevaron a la muerte, él agresor llegó a su trabajo con algún consumo de sustancias que a su jefe -de ese momento-, Héctor Arturo Bravo Ojeda, suboficial de la FACH, le pareció evidente. Cuando éste le llamó la atención, él (Díaz Portus), respondió: “¡Para qué le ponen tanto color si ya no me pillaron”. Es lo que relata el mismo Bravo Ojeda, de 55 años, suboficial de la FACH, encargado de la Planta Eléctrica de la Base Aérea Cerro Moreno, en que trabajaba el Sargento 2º Díaz Portus.

En junio 2016, 10 meses antes de la muerte violenta de la víctima, la esposa del mismo suboficial Bravo Ojeda “recibió una llamada telefónica” de Ximena, cerca de las 23 horas. Le pedía ayuda a ella y a su esposo porque el agresor estaba ebrio y quebraba los vidrios de la ventana. Cuando llegaron (Bravo Ojeda y su esposa) a la casa en que convivían la víctima y el agresor, Ximena lloraba: “Nos decía que no nos fuéramos, le pregunté por qué, a lo que me respondió que James iba a volver a violarla… que cuando no conseguía sexo a la buena, lo hacía a la fuerza…; le consulté a él si era cierto, respondiéndome que cuando tomaba no se podía controlar”. Bravo Ojeda también declara que le recomendó a Ximena “denunciar”, pero que ella le respondió “que tenía confianza en que él (Díaz Portus) cambiara”.

Ximena se había convertido a la religión evangélica junto con el agresor. Bravo Ojeda también señala en sus declaraciones que “James comenzó a cambiar su actitud indicando que veía revelaciones espirituales y cosas extrañas”… Pero en el caso de Ximena, hubo más que religión, machismo y violación sistemática, también abuso económico: “ella debió comenzar a vender comida rápida aunque por el sueldo de la FACH que recibía Díaz Portus, ella no lo habría necesitado”, subraya también Bravo Ojeda en su declaración a la PDI de Antofagasta, del 30 de enero de 2018[1].

Sin los privilegios de los hombres de la FACH Ximena Fabiola Cortés Rojas, de 32 años, madre de una adolescente y un niño, el 22 de marzo de 2017 ingresó de urgencia, inconsciente, con traumatismo encéfalo craneano, cortes profundos en el cuello, al policlínico de la Base Cerro Moreno de la Fuerza Aérea Chilena (FACH). Ahí, casualmente se encontraba Bravo Ojeda “en exámenes preventivos” y vio entrar a otro miembro de la Base, sosteniendo a una mujer ensangrentada. Pensó que era la esposa de quien la traía, pero se había equivocado, era Ximena Cortés. El declara: “En eso veo llegar a James que venía en ropa deportiva, a lo cual le pregunté por qué si es horario de trabajo, respondiéndome éste que ‘Ximena se había intentado matar’, le digo que entonces era su obligación estar con su esposa y no que un tercero la trasladara, respondiéndome que tenía que cambiarse de ropa porque la otra, estaba toda ensangrentada, que los demás ‘podían pensar’ que él tenía algo que ver”.

Desde la urgencia el médico que recibió a Ximena, la derivó al Hospital Regional de Antofagasta. “Ella no tuvo el mismo trato que James cuando sufrió un ataque al corazón, a él lo llevaron en helicóptero a Santiago, mientras que a Ximena la dejaron en la UCI del Hospital Público”, subraya Ruth Rojas Flores, su madre, quien ha puesto a disposición de Tierra y Territorio, los informes de diversas instituciones sobre el que, afirma “fue un femicidio”.

Según informes de la PDI, la víctima fue encontrada por su marido “en el baño de su casa con armas cortantes (cuchillo, tijeras)”. En el Informe Pericial Planimétrico (PDI-2018), se indica entre otros movimientos de Díaz Portus, que él va a buscar a una vecina, vinieron dos, le ayudaron a sacar a Ximena del baño, luego fue a buscar a un vecino, suben a la víctima “al automóvil, el vecino conduce, y él (James Díaz Portus), regresa a la casa a cambiarse ropa”[2]…  ¿Por qué informes institucionales, de la PDI, datos de Urgencia del Hospital Regional y hasta la Fiscalía, afirman tal cual la versión de un sospechoso? ¿A qué regresa Díaz Portus: a “cambiarse ropa”… y a cambiar la disposición de las pruebas…?

Es él mismo agresor quien informa a todos los vecinos y a otras personas, a las que llama, que Ximena se había intentado suicidar: ¿Pero eso acaso explica por qué las instituciones y sus funcionarios reproducen su versión?

Violación de los derechos de la humanas

La falta de dudas de las instituciones del Estado y sus funcionarios sobre el origen de las condiciones en que llega una mujer agonizante, sin conciencia, ensangrentada, es atemorizante para cualquiera que esté pasando por lo mismo que pasó Ximena. Y en lo concreto, viola los derechos de las humanas que el Estado chileno pregona defender.

La médico jefe de la UCI del Hospital regional de Antofagasta, Jacqueline Verónica Blanchard Tapia, médica cirujana declaró en la PDI y en Fiscalía que “la paciente presentaba múltiples lesiones, entre estas, sugerentes de acción de terceras personas, motivo por el cual se realiza la denuncia a personal de Carabineros”, también dice: “Recuerdo que me llamaron la atención las lesiones en sus manos, cortes cervicales y una equimosis en el epigastrio que a mi parecer son compatibles a acción de terceros”[3]. Las investigadoras criminalistas, peritos forenses Marianela Armijo Rivera y Yelisse Alvares Bolados[4], en el mes de julio del año 2017, a 4 meses de la muerte de Ximena, hicieron un informe pericial que solicitó Ruth Rojas de manera privada. Al compararlo con declaraciones y otros reportes institucionales, se observa una revisión amplia de la información médica y jurídica que da cuenta de distintos momentos de la agonía y muerte de Ximena. Las investigadoras resumen y ordenan lo ya dicho por diverso personal médico interviniente desde instituciones de Salud: En la Urgencia, el doctor Víctor Manuel Litardo Plaza, en el Hospital, las doctoras Jacqueline Blanchard y Romina Rojas, en el SML, el doctor Juan Cabane González. Este informe no inventa nada y se basa en descripciones y hallazgos médico-científicos para sus conclusiones, pero no fue aceptado por la Fiscalía como un antecedente válido: ¿Por qué?

Alevosía machista, crímenes overkill

Diversos estudios de patología forense y neurología especializados en violencia contra las mujeres, afirman que las lesiones de la vagina, tienen como causa frecuente, violaciones[5], y que los traumatismos craneoencefálicos (TCE) y las heridas en el cuero cabelludo, presentan no solo numerosos y complejos problemas médico-legales, si no que puede ser extraordinariamente difícil determinar si se produjo por una caída accidental o una agresión con objeto contundente, y que solamente con un examen detenido de los bordes y el fondo de la herida, con lupa, podría aclararse el origen[6]… Si el caso de Ximena tuvo esa ocupación institucional, no se refleja en los resultados hasta hoy.

Las peritos criminalistas ya citadas (Armijo Rivera y Alvares Bolados), entre otras crudas descripciones y conclusiones, reportan que en la “cadera, pelvis, genitales”, hay moretones (“equimosis”), “hemorragia en pared pélvica, vulva con edemas, una variedad de lesiones de la mucosa vaginal”, que podrían ser producidas por “posible fractura pélvica, enfermedades de transmisión sexual o sistema inmunológico debilitado”; en el cuello “hay heridas cortantes profundas, fractura del hueso hioides que es poco frecuente” y que “se puede asociar a personas que sufren estrangulamiento manual”; en las extremidades superiores hay “cortantes con compromiso tendinoso en antebrazo izquierdo y heridas cortantes profundas en antebrazo derecho, cortes por arma blanca”, y serían “lesiones atribuibles a defensa”; “en el abdomen, equimosis”, o sea, moretones, y en las piernas, Ximena también tenía muchos moretones, “en muslos, cara externa e interna” que pudieron ser producidos “por golpes”.

Hubo alevosía. Overkill le llaman en inglés. Un término venido del norte que denota exageración y un ensañamiento que se refleja en que hay múltiples lesiones, nuevas y antiguas, justo como en el caso de Ximena Cortés Rojas. En Costa Rica, en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, se destaca como variables descriptivas y válidas para investigar con ocupación especial: “la convivencia y/o los hijos menores con el agresor, que los hechos sucedan en la casa de la víctima, y ser atacadas con distintos tipos de arma blanca”[7]. Nada de esto es casual ni obvio. El agresor viola o mata a la mujer que considera que puede –y debe- agredir, pues se lee a sí mismo en un escalafón superior al de ella, esto desde los valores jerárquicos que profesa: militares, religiosos, también familiares y sociales.

Las lesiones que se señalan en investigaciones y protocolos, son de múltiples tipos, y después de las heridas por arma de fuego, vienen las de armas cortopunzantes en cuello, brazos, piernas y abdomen, quebraduras de quijada y dedos, intentos de estrangulación usando las manos.

Pareciera que el arma de fuego siendo más segura para matar, es fácilmente identificable, en especial si está registrada en las filas de integrantes de FF.AA. y de Orden (de cualquier país). Muchos agresores (uniformados tal vez), podrían preferir las armas cortopunzantes además de los golpes, ya que puede disimularse su uso por terceros. Y todos estos- y más- son elementos fundamentales de la epidemiología del feminicidio: Un Estado, unas instituciones y unos políticos que pregonen en sus lenguajes y discursos, algún “combate contra la violencia de género” (como gustan llamarle), debieran tenerlo en cuenta. O si no, quedamos igual que cuando NO mencionaban “género” y el feminismo NO estaba de moda. (Ya sabemos que hacer parecer que todo cambia para que nada cambie, es un hecho neoliberal de estos tiempos).  

Violencia institucional es impunidad

Revisamos, cerca de mil hojas de informes, cruzados, desordenados, repetidos, con aparente fuga de hojas: ¿Hay un empeño particular en desorganizar y confundir a quienes los revisen?

Para Ruth Rojas, es al menos “una falta de respeto”, ella -como las feministas- sospecha: “Hay informes que las instituciones no han querido ni leer”. Y denuncia: “El abogado de SERNAMEG intentó hacernos firmar un documento en el que nos retractábamos de la querella. Tanto en el informe de autopsia como el de re-autopsia, no se señala cómo sucedieron los hechos, careciendo de veracidad, pues la cantidad y la gravedad de las lesiones no concuerdan con un suicidio. Todo esto y una serie de hechos más, nos indican que nada fue casualidad y que no hubo intensiones de investigar por tratarse de un uniformado y porque los hechos ocurrieron en un recinto militar. Prefirieron el prestigio de una institución, que velar por la vida de una mujer y sus hijos”, concluye.

¿Un pacto de silencio en un caso de femicidio en un recinto militar como “Cerro Moreno”?… Dado el historial de crímenes contra la Humanidad entre los años 73 y 80[8], cometidos en ese recinto de la FACH: ¿Podría ser un tipo de privilegio concedido por el descrédito militar y policial en un país con una macabra memoria de crímenes contra la Humanidad cometidos por parte de agentes del Estado?

El Ministerio Público insiste en “suicidio”[9]. Desde Tierra y Territorio, nos acercamos a la Defensa Popular, organización que defiende a víctimas de la represión policial, y le expusimos los hechos a su coordinadora, la reconocida abogada de DDHH., María Rivera Iribarren. Ella nos respondió que estando de acuerdo con algunas de nuestras interpretaciones, subraya que: “En casos como este, que podrían constituir femicidio, no suele haber testigos. Los hay antes y después del hecho, pero no en el mismo momento. De ahí que para lo jurídico, siempre haya dos verdades, la verdad jurídica y la verdad-verdad”.

Concluimos hoy (hasta que se pruebe lo contrario), que en la Post-Dictadura, las mujeres, lesbianas y trans, azotadas por la violencia machista y el feminicidio, especialmente en casos cometidos por agresores y/o instituciones que ostentan algún poder (empresarial, del Estado, militar y policial), solo hemos obtenido demagogia de género, ya que las instituciones se han servido de los discursos feministas (que les han proporcionado), pero realmente lo que tiñe las verdades jurídicas, es la impunidad.  

* La autora es integrante de Lesbianas Feministas Antirracistas Tierra y Territorio.


[1] Figura en Expediente de la Fiscalía Nº 132392, en el que figura el informe policial PDI Nº 20180202100/00244/720/05.ABR.018 C/R. que refiere ser “Interno: 1213422” y que fue enviado a la Fiscalía local de Antofagasta al Fiscal Adjunto Rodrigo A. Cuso Segura. En este, se relatan diversas diligencias, entre ellas declaraciones voluntarias de varios testigos.

[2] Figura entre la documentación  proporcionada, el INFORME PERICIAL PLANMÉTRICO Nº 43/2018I de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE (PDI), LABORATORIO CRIMINALÍSTICA REGIONAL ANTOFAGASTA A LA BRIGADA HOMICIDIOS ANTOFAGASTA. REF: OFICIO Nº 201, DE FECHA 28.MAR.018. Firmado por Beatriz MOLINA TORRES, Profesional perito Dibujante y Planimetrista (en escala indicada) en diversas láminas.

[3] Figura en Expediente de la Fiscalía Nº 132392, el informe policial PDI Nº 20180202100/00244/720/05.ABR.018 C/R. que refiere ser “Interno: 1213422” y que fue enviado a la Fiscalía local de Antofagasta al Fiscal Adjunto Rodrigo A. Cuso Segura. Ahí se relatan diversas diligencias, entre ellas declaraciones voluntarias de testigos. Jacqueline Verónica Blanchard Tapia declara 31 años de ejercicio, ser titulada de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna intensiva y legista, y antes, jefa del SML Antofagasta (declaración del mes de Enero 2018).

[4] PERITOS CRIMINALISTICOS, 17-07-2017 ANTOFAGASTA, Marianela Armijo Rivera-Yelisse Alvares Bolados. Investigadores criminalísticos-Peritos forenses.

[5] Ballesteros M. Los traumatismos de pelvis, un desafío multidisciplinario. Revista del Hospital J. M. Ramos Mejía [Internet]. 2004 [citado 14 Abr 2009];9(2): [aprox. 3 p.]. Disponible en: http://www.ramosmejia.org.ar/r/200402/4.pdf. Ballesteros M, Alejandre S. Manejo general de los traumatismos de pelvis. En: Pautas de manejo definitivo de pacientes traumatizados, de la Comisión de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía, de Alejandra S, Ballesteros M, Neira J. Buenos Aires: Ed. Lab. H. M. Roussel Argentina; 1996.).

[6] Patología forense y neurología asociada de los traumatismos craneoencefálicos. Estudio práctico. J.L. Palomo Rando (1), V. Ramos Medina (1), I. Palomo Gómez (2), A. López Calvo (1) e I.M. Santos Amaya (3). (1) Servicio de Patología Forense. Instituto de Medicina Legal (Málaga). (2) Sede Comarcal de Marbella. Instituto de Medicina Legal (Málaga). (3) Área de Medicina Legal y Forense. Universidad de Málaga. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062008000200001

[7] Estudio descriptivo de las víctimas de violencia por el delito de tentativa de femicidio en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. 2019, Xinia Fernández Vargas, Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Costa Rica.

[8] “Detención y torturas en Base Aérea Cerro Moreno y Grupo de Instrucción de Carabineros de Antofagasta”. Camila Toro Aguirre, Regionalista agosto 4, 2019. La Base Aérea Cerro Moreno, ubicada a un costado del aeropuerto de pasajeros, fue el centro de detención y tortura con más personas recluidas en la ciudad de Antofagasta. Bajo el control de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), las detenciones se concentraron en 1973 y aumentaron en 1980.

[9]  Tal como en el caso de la comunera mapuche Macarena Valdés Muñoz que Tierra y Territorio ha acompañado, investigado, revelado y denunciado.

Internas del Manzano exigen presencia de Organismos de DDHH, ante vulneraciones sistemáticas

Por Red de Apoyo a las Presas del Manzano.

Durante las últimas semanas se han producido distintas violaciones a los derechos humanos en la cárcel de El Manzano sección femenina,  el día jueves 19 de noviembre volvimos a recibir una denuncia.

La privada de libertad Denis Villa Blanca permanecía en los calabozos de dicha sección por un altercado que tuvo con otra interna, una vez estando en los calabozos intentó quitarse la vida colgándose de una ventana del mismo, sin embargo, esta no sería la única vez en que la misma imputada intentaría suicidarse, ya que hace dos días atrás también la encontraron en las mismas circunstancias, situación por la cual fué trasladada inconsciente al Hospital Regional, logrando estabilizarla. Luego de eso la volvieron a la unidad penitenciaria pero no a su celda, si no que al mismo calabozo, sin importar lo que había sucedido, todo esto bajo las órdenes del Comandante y Alcaide  Andrés Muñoz.

Otro caso que las internas denuncian es el estado de salud de Nitzia Inostroza , quien se encuentra aislada hace más de 7 días por una discusión con un paramédico, cansada de que no se le prestara atención digna. Sin diagnóstico a la fecha, su estado de salud es crítico. Pesando 35 kilos, en una celda de castigo aislada del resto, sin apoyo familiar ni condiciones óptimas para enfrentar su estado de salud. Las internas y compañeras temen por la vida de Nitzia.

A todo esto se suman las diversas denuncias por abuso de poder que ejerce el Comandante y Alcaide Andrés Muñoz, dado que las internas sostienen de que el ya mencionado comandante las amenaza constantemente con bajas de conducta o traslados de unidad lejos de su región, si hacen pública cualquier situación que ocurra en el pena. Las internas tienen miedo y el daño psicológico es constante.

Estos vejamenes se enmarcan en el presente contexto de crisis que se vive dentro de las cárceles, en el cual el aislamiento y la ausencia de vivitas ha agravado los abusos hacia las privadas y privados de libertad en todo el territorio.

Si bien, anteriormente se han denunciado situaciones de abuso en la sección femenia de dicho penal, el Instituto de Derechos Humanos, ha informado inclusive el cierre de investigación de denuncias, asumiendo la información entregada por Gendarmería, institución que ha negado la existencia de abusos y violaciones a los ddhh dentro del penal, calificando incluso de “montaje” hechos como la destrucción de alimentos en un allanamiento occurrido el mes de junio, en la misma sección.

De la misma manera el INDH sólo se ha entrevistado con la “autoridad penal” sin realizar visitas carcelarias, ni seguimiento de las víctimas, para verificar los hechos denunciados. Bajo este contexto las privadas de libertad de El Manzano, se encuentran hoy pidiendo con urgencia que el INDH se pronuncie presencialmente a la brevedad.

A continuación compartimos audio de denuncia.