Organizaciones Quechua y Rapa Nui presentan demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado por impulsar el TPP-11

Por Radio Minga

Comunidades y organizaciones Quechua y Rapa Nui, presentaron una demanda internacional para que la Comisión y la Corte Interamericana ordenen al estado de Chile consultar a los Pueblos Originarios el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP/11 (inglés: Trans-Pacific Partnership), y en subsidio, que ordene al estado de Chile a denunciar o salirse del mismo Tratado en caso de aprobarlo.

El fundamento es que el TPP 11, tendría un fuerte impacto y una grave afectación a la forma de vida de los pueblos originarios al incentivar y asegurar un capitalismo extractivista en Chile, razón por la cual debió ser consultado a los pueblos originarios de acuerdo a las obligaciones estatales establecidas por normas internacionales de derechos indígenas.

Las representaciones de las organizaciones, señalan: “Presentamos esta demanda en favor de la Pachamama, de la Kainga, de la Madre Tierra, pues no queremos que sea destruida por el capital extranjero, por la minería, por las salmoneras, por las transnacionales. El TPP facilitara la inversión extranjera, será un tapón al aumento de las protecciones ambientales, creará más zonas de sacrificio, pobreza, y esto no solo a los pueblos originarios, sino que a todo Chile. Nosotros requerímos que se nos restituyan las aguas y tierras robadas, las semillas, que se respete nuestra propiedad y bienes soberanos. El TPP facilitara el robo, el saqueo en favor del capital extranjero. Nosotros queremos autodeterminación, no un tratado que cede soberanía”.

Los demandantes asegura que No es necesario agotar recursos internos para interponer esta demanda pues en Chile no existen acciones judiciales efectivas para cuestionar proyectos de ley o tratados en tramite legislativo que no han sido consultados con los pueblos originarios. Todos los Recursos de Protección presentados contra proyectos de ley en trámite en el Congreso (lo que incluye a los tratados internacionales de acuerdo a las normas constitucionales ya citadas) que no han sido objeto de una consulta indígena previa, han sido declarados inadmisibles.

Agregan a su argumentación: “Asimismo, ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, que junto con requerir un cuarto del senado o de la Cámara de Diputados para poder demandar, en diversos fallos ha dictaminado que la consulta indígena, al estar contenida en un tratado internacional de derechos humanos, no es de rango constitucional. Como el Convenio 169 de la OIT, de acuerdo al TC, no tiene rango constitucional, su omisión por parte del Estado, no puede ser revisada ni castigada por el mismo Tribunal Constitucional”.

Por tanto, aseveran, que ni por recurso de protección ni por la acción de cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que son las únicas dos acciones aparentemente adecuadas para pedir la consulta indígena de un proyecto de ley en trámite, es posible tener amparo judicial de tal pretensión.

“Ello equivale a decir que en caso de que se tramite un proyecto de ley o de reforma constitucional que deba ser consultado con los pueblos originarios, de acuerdo al Derecho Internacional, sin que dicha consulta se verifique, habrá impunidad asegurada para el Estado ante el ordenamiento jurídico interno”, sentencian.

Quienes demandan, son las siguientes representaciones: Wilfredo Bacián Delgado, presidente Comunidad Indígena Quechua de Quipisca; Thelma Yobana Ramos Mamani, presidenta de la Comunidad Indígena quechua de Ollagüe; Rafael Tuki Tepano, Consejero Conadi electo por voto popular Rapa Nui, y Ariel León Bacian, Quechua – Aymara domiciliado en Santiago y redactor del recurso, interpuesto a favor de la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca; Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo; Comunidad Indígena Quechua de Mamiña; Comunidad Indígena Quechua de Iquiuca; Asociación Indígena Quechua de la Comuna de Pica (Matilla-Pica-Quisma); Comunidad Indígena de Macaya; Consejo Territorial Quechua de Pica, de la Región de Tarapacá, así como por la Asociación Indígena de Progreso Desarrollo y Cultura del Pueblo de Kosca; Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe; y Comunidad Quechua del pueblo de Cebollar Ascotán, de la Región de Antofagasta.

En abril, el gobierno de Sebastián Piñera instaló por cuarta vez, la Suma Urgencia en lo que va del 2021 para llamar a que sea discutido y votado en el Senado el denominado TPP 11 con el propósito de forzar una ratificación, situación que ha generado que dos presidentas del senado aclaren que no tiene prioridad en tabla. Asimismo, tal medida ha generado la inmediata reacción de diversas organizaciones que se oponen a este tratado comercial internacional que es considerado un atentado a las soberanías internas y una mayor intervención de corporaciones transnacionales.

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